CORPUS CHRISTI, Texas — La situación en torno al Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4) en Texas es significativa y polémica, ya que plantea preguntas sobre la intersección de la autoridad estatal y federal, las prácticas de las fuerzas del orden y los derechos civiles.
El SB4, firmado en ley por el gobernador Greg Abbott en 2023, otorga a los oficiales de la ley de Texas el poder de arrestar a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, incluso por violaciones simples relacionadas con el cruce fronterizo.
La ley categoriza la entrada ilegal como un delito estatal, lo que puede resultar en severas sanciones para los infractores reincidentes. Una primera infracción sería considerada un delito menor de Clase B, mientras que las infracciones posteriores podrían resultar en un delito grave de segundo grado con penas de hasta 20 años de prisión.
Este desarrollo ha generado una amplia crítica, particularmente de los opositores que argumentan que se sobrepasa la autoridad estatal y socava la ley federal de inmigración.
Los defensores de los inmigrantes, incluida la abogada Debra Rodríguez, están preocupados por la posible discriminación racial y por el hecho de que las responsabilidades de hacer cumplir las leyes de inmigración recaigan en las fuerzas del orden locales y estatales.
Rodríguez destaca específicamente cómo las personas que parecen provenir de otro país podrían ser objeto de persecución injusta, sin importar su estatus legal o cualquier proceso de inmigración en curso.
La disposición que obliga a los jueces a ordenar la remoción de las personas condenadas bajo el SB4 también genera preocupaciones.
Los críticos argumentan que esto convertiría a los jueces estatales en oficiales de inmigración de facto, un papel tradicionalmente reservado a las autoridades federales.
La decisión del Departamento de Justicia de retirar su demanda contra el proyecto de ley agrega otra capa de complejidad al caso.
La administración de Biden había impugnado previamente el SB4, calificándolo de inconstitucional. Sin embargo, bajo la administración de Trump, el Departamento de Justicia decidió retirar voluntariamente la demanda, lo que podría cambiar la dirección de la batalla legal.
Actualmente, la ley sigue inmersa en litigios. Los grupos de derechos de los inmigrantes del condado de El Paso han llevado el caso a la Corte de Apelaciones, donde un juez federal decidirá finalmente si el SB4 puede entrar en vigor, con un juicio programado para julio.
